El congresista Freddy Díaz fue acusado de violación sexual por su extrabajadora. Sin embargo, a dos meses de la denuncia, el proceso legislativo y judicial parece no acabar.
Elaborado por: María Espinoza, Anghel Espinoza y Fiorella Ramírez 22 SEP 2022
En los exteriores del Congreso, policías intentan ingresar impedidos por las rejas negras del recinto que no son abiertas por el personal de seguridad. Alguien dentro grita que hay una persona encerrada en la oficina de un congresista, presuntamente es un secuestro o una violación.
Dentro del Pleno, en medio de oficinas y paredes blancas, un guardia se niega a actuar, dice que no puede interrumpir al “padre de la patria” a altas horas de la noche. Luego, otro obstruye la entrada y toca la puerta del despacho, pero nadie sale. Alguien baja las escaleras y se escuchan gritos provenientes de aquella oficina. Entonces, corre y avisa al personal de seguridad; sin embargo, este hace caso omiso.
Esta escena es un fragmento del video que salió al aire en el programa dominical Cuarto Poder el pasado 18 de septiembre. El testigo clave, pareja de la denunciante, fue quien grabó lo anteriormente descrito. Ella trabajó en aquel despacho y acusó a Freddy Díaz, su exjefe, de violación sexual.
El caso
El 27 de julio, el congresista Freddy Díaz fue acusado de violación sexual por una trabajadora de su despacho, lo que causó su expulsión del partido Alianza Para el Progreso. Díaz se entregó a la Fiscalía, pero negó las acusaciones y pidió el despido de la denunciante. A pesar de que el Ministerio Público abrió una investigación en su contra, el legislador continuó con sus labores en el Congreso.
Tuvo que pasar más de un mes para que la Comisión de Ética aprobara el informe que recomienda al Pleno del Congreso suspender por 120 días al congresista. Es así que el 7 de septiembre, finalmente, fue suspendido de sus labores. Una semana después, la Defensoría del Pueblo reveló que el suboficial de la PNP, Percy Pineda Toscano, testigo clave citado a declarar el 16 de septiembre, murió en un asalto en agosto pasado.
A pesar de la pérdida de un testimonio, apareció evidencia que ayudaría a complementar la investigación. El 18 de septiembre salió a la luz un video grabado por la pareja de la denunciante vinculada a la agresión. Ese mismo día, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró que el lunes 19 de septiembre darían cuenta de las denuncias contra Díaz. En estas denuncias constitucionales se propone su destitución como parlamentario y su inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años.
Blindaje
Al analizar la línea de tiempo del caso de Freddy Díaz, es difícil de comprender por qué el Ministerio Público no se ocupó del caso inmediatamente después de la denuncia. La víctima había levantado la alerta antes de las 24 horas de ocurrida la agresión y además acudió a un médico legista quien determinó que efectivamente había sufrido una violación. La respuesta ante el agravio fue un impedimento de salida del país, y nada más que ello. Mientras tanto, ambos involucrados iban a trabajar de manera regular.
Por otro lado, desde el Congreso, la Comisión de Ética de la institución procesaba a Freedy Díaz por un caso que poco tenía que ver con lo ocurrido: la ingesta de alcohol en su oficina. Esa medida poco razonable ante la magnitud de la denuncia dividió al país, algunos culpando a la víctima por acceder a tener una reunión con su jefe directo, y otros pidiendo que se atienda el caso por la verdadera razón: una violación sexual.
Según el artículo 171º del Código Penal, es considerado violación de una persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir cuando “el perpetrador tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir”. Este crimen tiene una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. Además, “cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor a doce años”.
Tras lo descrito anteriormente vemos que tanto como el Ministerio Público y la Comisión de Ética actuaron sin atender el caso con la pertinencia debida. El primero aún continúa en un proceso lento de investigación y el segundo resultó tan solo en una suspensión de 120 días.
“Se le ha sancionado administrativamente por el Congreso por atentar contra las ‘buenas costumbres’ al tomar licor, cuando se le pudo sancionar por cometer ese acto atroz teniendo como testigos a la Policía Nacional del Perú y el trabajo que grabó el video, pero decidieron que no lo haría. Esto es un absurdo porque tomar licor no está prohibido en el Perú ni en los centros de trabajo bajo determinados parámetros”, dijo la abogada y periodista Rosa María Palacios al referirse al caso.
Para compensar la situación referida, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analizará este lunes las nuevas denuncias presentadas por un grupo de congresistas que esta vez proponen la destitución del cargo de Díaz, por el delito de violación sexual.
Cuestión de poder
La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral es un problema social vinculado a los estereotipos y las relaciones de poder que están arragidas en la sociedad peruana desde hace siglos. Debido a la desigualdad de género en el trabajo, donde ellas se ven subordinadas al poseer menos puesto de poder que el de sus compañeros masculinos (solo el 13% de los cargos directivos son ocupados por mujeres), los casos de abuso verbal, físico y/o sexual son mayores.
Además, en un estudio realizado por la Universidad de Carabobo de Venezuela, “el hostigamiento laboral y el acoso sexual, como expresiones de la violencia de género en el trabajo, afectan la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de quienes las sufren, al crear un clima de trabajo insoportable para la víctima, provocando bajo rendimiento, ausentismo y hasta la renuncia al trabajo”.
Estas teorías cobran vida cuando se lee las alegaciones de los defensores de Freddy Díaz en las redes sociales, quienes culpan a la demandante por beber alcohol con un hombre “ya que se expone a sí mismo e invita a entablar relaciones sexuales”.
“Vivimos inmersos en una sociedad absolutamente enferma donde se ha normalizado la violencia hacia la mujer”, declara la psicoterapeuta Carla Marcos al evaluar la reacción del público ante el abuso sufrido por la denunciante. “Bajo la lógica de los simpatizantes del perpetrador, si la mujer comparte espacios con hombres debe atenerse a las consecuencias porque está expuesta a los depredadores”. ¿Qué hay detrás de esta idea? ¿Las mujeres deben trabajar solo con mujeres porque los hombres no se pueden controlar bajo los efectos del alcohol?”, comenta como crítica.
Para este sector de la población que opina que una mujer no puede beber licor en estos contextos, el lugar de las mujeres no sería junto a sus colegas hombres. Aunque estas declaraciones puedan parecer extremistas, el propio congresista alegó en un inicio que él no podía violar a la demandante porque “él solo trabaja con hombres”.
Opiniones divididas
"Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada", afirmó la denunciante.
En una entrevista para RPP, el congresista Freddy Díaz niega todas las acusaciones de violación. Al iniciar sus declaraciones parpadea mucho, lo cual refleja nerviosismo. Sin embargo, luego gana seguridad al hablar. Cuando niega la violación, su tono de voz es firme y seguro, pero en ciertas partes se traba en lo que dice y tartamudea, lo que denota inseguridad.
"Definitivamente que no, la rechazo y la rechacé desde el primer momento porque nunca ha ocurrido ese tipo de delito. Nunca he cometido un delito de esa naturaleza, nunca lo haría y en este proceso vamos a demostrarlo", afirmó Freddy Díaz.
La defensa del acusado, la abogada Katty Cachay, cree que la víctima no miente, pero que está confundida porque no recuerda lo que sucedió. Agregó que ambos bebieron alcohol. Además, considera que no se habría cometido ningún delito, pues según la versión del congresista, se dieron relaciones sexuales totalmente consentidas y que mantuvieron una relación previa.
Sin embargo, la denunciante manifestó que el hecho no fue consensuado. "Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada", dijo en ATV.
Las reacciones de los congresistas estuvieron divididas. Por un lado, el tercer vicepresidente de Congreso, Wilmar Elera, dió a entender que la denunciante motivó la violencia sexual al estar en un “ambiente propicio” de “puros hombres” y por “tomar licor”.
Por otro lado, la congresista Flor Pablo Medina, hizo un llamado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que priorice el pedido de expulsión de Díaz.
Al pedido se le sumó la congresista Patricia Chirinos, quien mediante un tweet solicitó que el denunciado sea inhabilitado de toda función pública.
Recientemente, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, manifestó sentir indignación, pero resaltó que a la Comisión no le corresponde realizar indagaciones sobre la denuncia de violencia sexual, puesto que esta función le corresponde al Ministerio Público.
Hasta la fecha, el caso está inconcluso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará las denuncias presentadas por algunos congresistas que piden que Freddy Díaz sea expulsado de su cargo. Sin embargo, se tiene como precedente el caso de Moisés Mamani, a quien también se le abrió un proceso por abuso sexual pero terminó siendo archivado, ya que las alegaciones no tenían que ver con las “funciones públicas” del congresista.
Recién en 2021, el Ministerio Público falló a favor de la víctima de Mamani, un año después de que este falleciera debido al COVID-19. El proceder del sistema jurídico expone las falencias que tiene la justicia para dictaminar los casos de violencia de género. Es necesario que el sistema mejore, que la gente sea vigilante, especialmente con quienes tienen cargos de poder y pueden socavar las voces de las minorías. Como sociedad, debemos repensar nuestras posturas, para no revictimizar a las mujeres y dejar atrás los pensamientos misóginos que solo justifican al agresor.
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