El Congreso investigará las infundadas denuncias de fraude electoral pese a que fue desestimado por organismos nacionales e internacionales que aseguraban que la elección fue libre, democrática y transparente.
¿Hasta cuándo durará la crisis política del Perú? Mientras los ojos del país se posan en el poder Ejecutivo donde el presidente Pedro Castillo tiene un gabinete ministerial que le ha traído más complicaciones que otra cosa, el Congreso de la República hace de las suyas al crear una comisión investigadora que pone en duda la legitimidad del proceso electoral y del proclamado presidente. A pesar de los cuestionamientos en su conformación y contradicciones con organismos nacionales e internacionales avanzaron al caballazo con la iniciativa. De tal manera, la comisión del Congreso que investiga las supuestas irregularidades y un posible fraude en las Elecciones Generales 2021 es una pérdida de tiempo.
El pasado 19 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó conformar una comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales 2021 por 120 días hábiles que se dedicará a indagar presuntos actos de corrupción y cualquier otro delito que involucre a funcionarios públicos y terceros que resulten responsables. La comisión será presidida por el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular.
Un primer cuestionamiento es que el supuesto fraude fue desestimado por organismos nacionales e internacionales que aseguraban que la elección fue libre, democrática y sin pruebas sólidas de fraude. Tras más de una semana de espera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las actas al 100%. Los resultados declaraban a Pedro Castillo (Perú Libre) como el candidato más votado con el 50.125% a su favor, mientras que Keiko Fujimori quedó en 49.875%. La diferencia entre ambos fue de 44 mil 058 votos. ¡Ya teníamos presidente!, según la ONPE. Sin embargo, Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude electoral y más de 800 reclamos fueron presentados por Fuerza Popular. Estos se atendieron y resolvieron por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rechazando al 100% los pedidos de nulidad y declarando infundadas las apelaciones, por mayoría. ¡Pedro Castillo era nuestro presidente!, según el JNE.
En el caso de la Unión Europea (UE), informaron el 24 de junio, a través de un comunicado, que el proceso electoral peruano se hizo de forma libre y democrática. Esta comunidad política tuvo una delegación de observadores internacionales durante la segunda vuelta del 6 de junio en Perú. Asimismo, advirtieron del sesgo informativo a favor de Keiko Fujimori en la mayoría de medios privados de comunicación de Lima. Su labor fue contraria a los códigos de ética periodística, la legislación nacional y los compromisos internacionales sobre medios de comunicación. Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) descartó cualquier tipo de fraude en las elecciones que Pedro Castillo ganó y valoró la actuación de los organismos jurisdiccionales como apegada a la normativa vigente. A pesar de ello, aliados del fujimorismo, como Jorge Montoya, Hernando Guerra, Daniel Córdova, entre otros viajaron a Estados Unidos para informar sobre las “irregularidades” en el proceso electoral al secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¡Tremendo papelón internacional!, pues el secretario no los recibió y solo consiguieron una cita con un funcionario de nivel menor. ¡Pedro Castillo es el presidente del Perú de manera legítima!, según la UE y la OEA.
Pese a que las denuncias se resolvieron y descartaron en las instancias correspondientes, el Congreso de la República creó una comisión investigadora que indagará por cuatro meses el supuesto fraude electoral. Y encima, ¡lo hará con dinero público! Según la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin, las comisiones investigadoras son las más caras y en general requieren el doble de personal que una comisión ordinaria. El mínimo de personal requerido para una comisión ordinaria es de un asesor, un técnico y un auxiliar, cuyos sueldos son de S/9400, S/6000 y S/3000 respectivamente, lo que sumaría S/18,400 en un mes. En el caso de una comisión investigadora, que según el promedio demanda el doble de personal, se gastaría S/36,800. Ese monto, por los 120 días de plazo que tiene la comisión investigadora, podría llegar a S/147,200. De tal manera, se gastará más de 147 mil soles, según estos cálculos de Wayka. “En mi opinión, las comisiones son también formas de dar trabajo a sus allegados”, afirmó la expresidenta del Congreso. Esto tiene sentido y refleja en el poder Legislativo el clientelaje político o intercambio extraoficial de favores, colocar a personas cercanas porque pueden y el justificar su propio de sueldo de congresista; que básico es 15 mil 600 soles, pero sumado a otros beneficios como desempeño congresal con 7 mil 600 soles y una bonificación por función de representación de 2 mil 800 soles; asciende a 26 mil soles, señalaron funcionarios de la Oficialía Mayor del Parlamento.
Otro cuestionamiento a la mencionada comisión es el hecho de que no habrían obtenido los votos necesarios (mínimo 46) para su conformación, ya que el parlamentario de Acción Popular José Arriola marcó a favor por error. Sin embargo, tras evaluaciones declararon improcedente su rectificación. Y se creó e instaló, a pesar de sus detractores, integrándolo congresistas de diferentes bancadas: José Balcázar (Perú Libre), Martha Moyano (Fuerza Popular), Raúl Doroteo (Acción Popular), Gladys Echaíz (Alianza Por el Progreso), Yessica Amuruz (Avanza País), Jorge Montoya (Renovación Popular) y Sigrid Bazán (Juntos Por el Perú).
Por otro lado, en su primera sesión, 27 de septiembre, Jorge Montoya fue elegido por unanimidad para presidir la comisión investigadora del supuesto fraude en las Elecciones 2021, pese a que solicitó la creación de la misma y retiró su firma estratégicamente para poder presidirla. Sumado a ello, el Manual para Comisiones Investigadoras del Congreso señala en su quinto punto de su segundo capítulo que los parlamentarios que conformen la comisión investigadora deberán estar libres de conflictos de intereses. “Los congresistas designados no tengan interés personal directo o indirecto en la investigación a cargo de la comisión investigadora o en el resultado de esta”, estipula el manual.
En ese sentido, la designación del congresista Jorge Montoya como presidente de la comisión investigadora iría en contra del reglamento citado. Montoya, como se recuerda, fue incluido el pasado 21 de julio en la investigación del Ministerio Público por presuntamente cometer los delitos de conspiración para sedición y perturbación de la tranquilidad pública, luego de incitar a desconocer los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 que favorecían a Pedro Castillo.
Por otra parte, después de crearse y conformarse la comisión resaltaron algunas declaraciones. La Prensa del JNE precisó que mantiene la posición, anunciada en campaña electoral, de negar la existencia de fraude. Asimismo, desde la ONPE reafirmaron “sentirse satisfechos” con la investigación que pueda hacer el Congreso para que se confirme la transparencia en los comicios. Por su parte, el congresista José Arriola (Acción Popular) dijo esperar que los integrantes del grupo investigador se retiren y se logre su desactivación, refiriéndose a las irregularidades en su conformación tras su voto por error. “A esta comisión no le veo sentido”, remarcó. De igual forma, la congresista Sigrid Bazán (Juntos por el Perú), quien conforma la comisión investigadora, afirmó en su interpelación al ministro Iver Maraví: “Fortalecer la Sunafil, algo en lo que podríamos tener tanto consenso y lo que podríamos estar debatiendo, sino fuera porque tenemos que, perder este tiempo instalando comisiones para investigar la elección del 11 de abril, para investigar nuestra propia elección, compañeros. Realmente, mirémonos a los ojos y digamos ¿El Congreso está trabajando? ¿El Congreso puede apuntar el dedo y decir 'el ministro no trabaja'?, ¿y ustedes sí?”.
Lamentablemente, esto me recuerda a otra comisión que se hizo por las puras. El 13 de mayo del 2021 el Congreso aprobó conformar una comisión investigadora sobre los posibles efectos (positivos o negativos) del dióxido de cloro, en el plazo de treinta días naturales, en seres vivos en el contexto de la pandemia del Covid-19. En julio, los parlamentarios presentaron su informe final, cuyas conclusiones no hacían más que repetir las declaraciones del Ministerio de Salud y la OMS que no aprueban su uso para combatir el Covid-19 por su ineficacia.
En definitiva, la comisión investigadora del Congreso sobre el supuesto fraude en las Elecciones Generales 2021 es una pérdida de tiempo. Los organismos internacionales y nacionales como la OEA, la UE, el JNE y la ONPE ya han desestimado esa teoría. Asimismo, el propio Congreso ha tenido una serie de irregularidades: el voto por error de Arriola, decisivo para la conformación de la Comisión, que trató de ser rectificado, pero no fue validado; y la presidencia de la comisión a cargo de Jorge Montoya, quien impulsó su creación, pero retiró su firma para poder dirigirla, y que esta va en contra del Manual para Comisiones Investigadoras del Parlamento por conflicto intereses, pues el congresista está relacionado a una investigación fiscal por incitar a desconocer los resultados electorales. Absolutamente todo hecho para satisfacer las dudas y denuncias infundadas de “fraude” de la excandidata e investigada por lavado de activos, Keiko Fujimori, y sus simpatizantes y/o detractores del actual gobierno de Pedro Castillo. ¿Será mucho pedir que recapaciten? No queda más, que esperar los meses que faltan para leer el informe final de esta comisión sin sentido del Congreso, que no me sorprendería, repita declaraciones y argumentos de los organismos nacionales e internacionales que apoyaron el resultado a favor del presidente Pedro Castillo. Caso contrario, no creo que le den validez. Ya tenemos un presidente.
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